Lavandero y la Justicia

 Abusiva violación del acuerdo con Lavandero
Diego Barahona

 

Leyendo la pena que fue establecida al senador Lavandero, quisiera analizar el caso desde otro punto de vista. Los acuerdos entre fiscal y defensa constituyen un procedimiento que en EEUU se usa con frecuencia, principalmente cuando el fiscal no está seguro de la determinación final del jurado o cuando las pruebas presentadas son circunstanciales.

 

Por ejemplo, en Ontario, Canadá, hace algunos años atrás, Paul Bernardo y su esposa Karla Homolka, raptaron y mataron a una pareja de adolescentes y a la hermana menor de ésta; a las menores las mantuvieron encerradas como esclavas del sexo y al final las mataron, descuartizaron y tiraron al lago. La Homolka, ante el temor de que los pillaran, decidió contar todo a la policía. La casa fue rastreada sin que hallaran pruebas materiales del crimen y el fiscal decidió llegar a un acuerdo con la condición de que la mujer testificara en contra de su marido. Esto se logró y se le ofrecieron 12 años de presidio por homicidio involuntario. Al poco tiempo, en el entretecho de la casa se encontraron un conjunto de cintas de video donde se veían todas las aberraciones sexuales cometidas por la pareja con estas dos niñas. La opinión pública exigió romper el acuerdo que el fiscal había hecho con la Homolka; sin embargo la posición de la fiscalía se mantuvo porque de otro modo nadie hubiera hecho ningún acuerdo más con el gobierno y la Homolka acaba de salir en libertad.

 

El solo hecho de haber desconocido ese acuerdo hubiera sido el equivalente a poner todo el sistema judicial en entredicho, y probablemente la corte prefirió mantener un acuerdo injusto a someter todo un sistema a revisión, máxime tomando en cuenta que éste ha funcionado más o menos bien. Un solo caso o un error no ameritaban poner el sistema en el tablero.

 

Otro caso que conozco es el de un amigo cuya mujer decidió deshacerse de él de una manera elegante (para ellas), para lo que convenció a dos de sus hijas de acusarlo de pedofilia. El abogado defensor le explicó a mi amigo que si su caso iba a juicio y perdía, arriesgaba una pena de 4 a 5 años de presidio y la expulsión del país; en cambio, la fiscalía le ofrecía 6 meses en una prisión de mínima seguridad y libertad sin restricciones al final del periodo. El tenía el derecho a libertad condicional después de cumplir un tercio de su condena, pero eso significaba ponerse en contacto de psiquiatras para tratamiento psicológico, a lo que mi amigo se opuso. Siempre mantuvo su inocencia y el hecho de declararse culpable no cambiaba la situación. Al final de los cuatro meses obtuvo su libertad incondicional, pero nunca ha reconocido su culpabilidad. A la fecha sigue en el país y es ciudadano canadiense

 

Con respecto del caso de Lavandero. En primer lugar no estoy concluyendo que es inocente o que es culpable, el problema no radica allí. El hecho de que se declarara culpable no implica que lo fuera. Si llegó a un acuerdo con la fiscalía de tres años y no cárcel, ese acuerdo debió haberse respetado. El juez, en un sistema como éste, no tiene nada que agregar, sólo pequeñas modificaciones, como una sentencia más corta o el uso de un dispositivo especial, o restricciones a los lugares donde puede ir. No cabe otro camino. El hecho de desconocer un acuerdo entre la fiscalía y el acusado muestra que el sistema no trabajará como se esperaba o que los jueces están demasiado presionados por la opinión publica, los poderes fáticos o los amigos políticos del gobierno en turno. Es decir, queda en evidencia que los jueces no tienen la capacidad de actuar bajo presiones, lo cual ya lo demostraron por lo demás en tiempos de la dictadura.

 

Podemos ver qué pasa también en el otro lado de la moneda. El pobre tipo que tuvo la mala ocurrencia de entrar a la casa de Frei ya está cumpliendo condena de cinco años. Con respecto a Pinochet, hasta mis conocimientos, no ha podido ser fichado y condenado a pesar de los graves delitos por los que se encuentra acusado. Su familia debería estar toda en la cárcel; sin embargo, los jueces están esperando el momento oportuno para continuar con la mujer y los hijos.

 

Ahora veo claro el porqué las cortes de los EEUU y Canadá no consideran a los miembros de la Corte Suprema de Chile como sus pares. Cambiamos la ley en Chile para mejorar un sistema que no servía; sin embargo, seguimos actuando como una justicia de una república bananera. Cambiar un poco para que todo siga igual, la política de Il Gatopardo, la célebre novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa.